Corrupción e impunidad, la osteoporosis del Estado Democrático

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    Max Kaiser
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    La corrupción no es sólo un molesto y frustrante mal social. No se trata únicamente de un fenómeno que genera escándalo y enojo colectivo.

    Cuando un servidor público usa el poder y los recursos públicos a su cargo, para beneficio personal, y sus actos quedan impunes, el Estado Democrático se erosiona.

    El fundamento básico del Estado Democrático es la supremacía de la ley. Quienes forman parte del Estado, como servidores públicos, están limitados a hacer sólo aquello para lo que están expresamente facultados. El interés público, manifestado en la Constitución, en las Leyes, y en los distintos programas y las políticas públicas que de ahí emanan, deben ser su única guía.

    No es raro que en instituciones complejas, algunos de sus integrantes decidan privilegiar intereses privados. Pero estas entidades sólo pueden subsistir, cuando la promoción de un interés privado, en detrimento de los intereses colectivos, tiene una consecuencia. Cuando eso sucede, el sistema funciona.

    En cambio, cuando al interior de una institución compleja pueden prevalecer los intereses privados, sin consecuencia alguna, las acciones de dicha entidad se vuelven ineficaces, y la misión inalcanzable. El organismo pierde, poco a poco, su característica de herramienta colectiva, y se convierte en un instrumento de promoción de ventajas personales.

    Así, la corrupción es sólo un obstáculo más del Estado, cuando existe la capacidad de identificar a los responsables, y asignarles consecuencias acordes con sus actos. Se percibe al sistema como capaz de identificar sus propias dolencias, y de curarse a sí mismo. Es decir, un sistema sano y eficaz.

    Por el contrario, la corrupción combinada con impunidad sistemática, debilita al Estado, disminuye su capacidad y amenaza su subsistencia. El sistema se percibe como débil, porque no puede identificar males propios, y menos tomar medidas para eliminarlos.

    México se encuentra en este peligroso contexto. Las acusaciones y escándalos de corrupción se apilan, uno tras otro, y no así las investigaciones formales o las sanciones concretas.

    El Estado mexicano parece invadido por personas que lo utilizan para la promoción de beneficios y fortunas personales, actividad en la que resultan muy exitosos.

    Esto sucede porque no existe un Sistema eficaz de combate a la corrupción, que tenga la capacidad de identificar, primero las causas, los incentivos, los problemas de diseño institucional y los contextos que la provocan; segundo, de investigar los actos de corrupción; y finalmente, de emitir sanciones concretas y eficaces para castigar a los responsables.

    Un grupo de expertos y organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado durante mucho tiempo en el diseño de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que pueda hacer frente al fenómeno de la corrupción. Partimos de tres principios:

    1. Es necesario ir más allá de lo punitivo y atender las causas de la corrupción
    2. Debe existir inteligencia institucional contra la corrupción
    3. Hay que contar con un entramado institucional de pesos y contrapesos para evitar la corrupción

    Esta es nuestra propuesta de SNA:

    1. Un Tribunal de Cuentas, como órgano constitucional autónomo, eje del sistema, encargado de la investigación y sanción de casos de corrupción desde el plano administrativo, y de su prevención a través de precedentes vinculantes (Órgano de Nueva Creación)
    2. Una Fiscalía Anticorrupción, autónoma y robusta, encargada de la investigación penal, así como de la procuración de los casos ante el Poder Judicial (Reforma necesaria)
    3. Una Secretarían de la Función Pública, con autonomía funcional y capacidad real para auditar e investigar al gobierno, encargada del control y la disciplina interna (Reforma Necesaria)
    4. Una Auditoría Superior de la Federación, con autonomía política real, encargada de la supervisión y calificación del uso de los recursos públicos (Reforma Necesaria)

    ¿Qué obstáculos u objeciones podría encontrar esta propuesta en los planos técnico y político?

    #908

    Ana Paula Ambrosi
    Participant

    El pasado 7 de febrero, The Economist publicó un artículo sobre la corrupción en México en el que se empieza por señalar (desde el título “The right place to start” http://econ.st/19aS5J8) que ante el escándalo por conflictos de interés que enfrenta Enrique Peña Nieto, el Presidente mexicano está tomando medidas para iniciar una investigación que apunta, en primera instancia, a las compras de inmuebles que han hecho él mismo, su esposa, y su Secretario de Hacienda. Esta decisión forma parte de un paquete de medidas anti-corrupción con el que Peña Nieto busca re-establecer la imagen pública y credibilidad de su gobierno.

    El nombramiento de Virgilio Andrade al frente de la Secretaría de la Función Pública para investigar estos escándalos de corrupción ha tenido una polémica reacción en los medios de comunicación y las redes sociales. Se cuestiona, por obvias razones, la imparcialidad de Andrade, quien es cercano al PRI, trabajó en el equipo de transición del actual presidente, y es un amigo personal del Secretario de Hacienda. En su columna en Reforma el pasado 9 de febrero, Jesús Silva-Herzog Márquez argumenta que, de entrada, la Secretaría de la Función Pública es una institución en ruinas, que desapareció de la Ley de la Administración Pública, y que se encuentra en un estado transitorio en espera de la creación de un nuevo órgano anti-corrupción que la reemplace. Sin instrumentos legales ni políticos, Andrade “ha recibido la encomienda imposible de investigar a su jefe y a un amigo suyo” (http://bit.ly/1MeM65d) . Con esta decisión de investigar el conflicto de interés con una investigación con conflicto de interés, el gobierno de Peña Nieto no solo ofende a la ciudadanía, sino que demuestra su incapacidad para convocar a personas independientes que puedan encabezar una comisión anti-corrupción autónoma y creíble. Asimismo, en su columna del 11 de febrero en Milenio (http://bit.ly/1zNAuks), Juan Ignacio Zavala comenta que no se cuestiona la seriedad ni la capacidad del nuevo titular de la Función Pública, sino la autonomía que tendrá Virgilio Andrade para investigar a su propio jefe. Para rescatar la credibilidad del mecanismo, y del mismo gobierno, Andrade tendría que renunciar a la investigación y encomendarla a una comisión de expertos. En resumen, esta medida en el combate a la corrupción no sólo es insuficiente, sino que desgasta aún más la credibilidad del gobierno mexicano, y pone sobre la mesa el tema de la rendición de cuentas ante la ciudadanía y del balance de poderes (y el papel que debería de jugar el congreso).

    Tomó el gobierno un genuino paso hacia adelante en el combate a la corrupción, de acuerdo con lo que Max Kaiser recomienda en este foro ó es un poco más de lo mismo? Es ésta medida sólo una fachada en el intento de recuperar la popularidad y credibilidad del gobierno? Qué opinan?

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